El ozono generado a partir de oxígeno es un biocida generado in-situ. Esta sustancia está siendo evaluada, pero no está todavía aprobada, por lo cual el Ministerio de Sanidad no dispone de ningún documento bajo esta legislación de biocidas que establezca su eficacia y la seguridad de su uso.

Dado que la sustancia ha sido notificada y defendida, entre otras finalidades, para la desinfección del aire, se puede entender que tiene actividad en este sentido, pero se plantean dudas principalmente sobre las dosis necesarias para garantizar su eficacia en frente al coronavirus y los efectos sobre la salud que estas dosis pueden implicar.

Por estos motivos, hasta el momento, los responsables de la puesta al mercado de los aparatos generadores de ozono lo hacen bajo su responsabilidad, con el único requisito de haberlo notificado al Ministerio de Sanidad según la Disposición Transitoria segunda del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el cual se regula el proceso de evaluación para el registro, la autorización y la comercialización de biocidas. Aun así, este requisito no implica una conformidad por parte del Ministerio de Sanidad.

De hecho, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental por ahora desaconseja su uso frente el coronavirus.

Por otro lado, dado que el ozono es un biocida, de acuerdo con la normativa vigente, las empresas que presten servicios a terceros de aplicación de ozono requieren de una serie de conocimientos y/o capacitación establecida en la normativa sanitaria sobre capacitación para la aplicación de biocidas. Estos productos son utilizados por las Empresas de Servicios Biocidas a terceros inscritas en el Registro Oficial de Servicios Biocidas de las Comunidades Autónomas (ROESB).

Esperamos que esta información resulte de vuestro interés.

Finalmente nos ponemos a vuestra disposición para todo aquello que consideréis pueda paliar la situación actual y os reiteramos nuestro apoyo en estos difíciles momentos.

El COVID-19 en el trabajo tiene la consideración de accidente laboral a todos los efectos, los trabajadores deben estar protegidos, y las empresas son responsables ante la falta de medidas de protección. Si no se pueden obtener los elementos de seguridad, debe consultarse al Servicio de Prevención Ajeno.

En este sentido os hacemos llegar la Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las actividades del Sector del Metal, elaborada por Confemetal, CCOO-Industria y UGT-FICA, siguiendo las pautas de actuación recomendadas por el Ministerio de Sanidad.Es absolutamente necesario que sigáis las indicaciones y recomendaciones de las autoridades, en especial de las sanitarias y que toméis consciencia que las empresas que permanecéis activas asumís un riesgo importante, por lo que resulta esencial que documentéis de forma detallada todos los esfuerzos y medidas que se adoptan en el centro de trabajo tendentes a proteger y velar por la salud de los trabajadores, y hacerla partícipe a los órganos de representación de los trabajadores.

Para consultar la guía clicar aquí.

Apertura de los talleres de reparación de vehículos

Os hacemos llegar el documento redactado por el Ministerio de Justicia referente a la apertura de talleres de reparación de vehículos durante la situación del estado de alarma acordado por el RD 463/2020, modificado por el RD 465/2020.
El texto en sus páginas 3 y 4 enumeran las razones por las que los talleres de reparación de automóviles deben permanecer abiertos. Finalmente en su página 5 concluye con el siguiente redactado: en virtud de las consideraciones anteriores, se entiende que los talleres de reparación de vehículos podrán permanecer abiertos, si bien no podrán desarrollar ni actividades de restauración o cafetería (para el caso de que las tuvieran), ni comercio de bien al por menor que no se consideran esenciales.

Toda la información aquí.

Manipular fraudulentamente el tacógrafo se considerará falsedad documental, en la modalidad de simulación. El Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial ha hecho llegar estas indicaciones a las policías competentes en tráfico. Esta instrucción afectará a las manipulaciones de tacógrafos que tengan como objetivo evitar controles policiales y administrativos.

Los agentes pueden investigar al conductor por manipulación fraudulenta, pero también al titular del vehículo, el encargado de la empresa propietaria del vehículo e incluso los talleres o cualquier persona relacionada con el proceso de manipulación de los tacógrafos.

Estas actuaciones vienen motivadas por una sentencia del pasado más de enero donde el Tribunal Supremo establece en una sentencia que los registros de tacógrafo se tienen que considerar documentos oficiales a efectos jurídicos y penales. Por lo tanto, su manipulación irregular comportaría un delito de falsedad documental, en la modalidad de simulación y se sancionable penalmente según el artículo 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2.